Revenge porn: el abuso y la justicia

«Susana y los viejos» (1610), Artemisia Gentileschi (Vía WGA)
María Díaz Moreno

Los brazos del contenido sexualmente explícito en internet se extiende desde el fan fiction hasta la pornografía independiente, pero también llegan a la ilegalidad. El mal llamado revenge porn o porno venganza se encuentra en este último campo. Son ya varios los casos de víctimas de esta práctica los que han tomado popularidad en los medios; entre los más recientes, el caso Iveco en España y el de Tiziana Cantone en Italia, dos violaciones a la libertad sexual y el honor que terminaron con la vida de ambas agredidas. Quizás estos desenlaces y su cobertura mediática hayan ayudado a la concienciación sobre la magnitud del problema, pero en 2012 la difusión del vídeo protagonizado por Olvido Hormigos, que terminó impune en los tribunales por culpa de una ley insensible y anticuada consiguió el cambio de legislación, trajo cola y mofa y convirtió a Hormigos en carne de tertulia vespertina. Ahora, la exconcejala socialista de Los Yébenes es recordada por su portada de Interviú que por ser detonante para el cambio de legislación que se realizó en 2015.

Antes de tratar los problemas que presenta la aproximación a este delito, primero hay acotar su definición y nombre correcto. Revenge porn es como se conoce popularmente a la distribución no autorizada de imágenes explícitas, en concreto imágenes íntimas de una expareja como represalia. El nombre común es problemático ya que implica que la difusión tiene intención de excitar (por el término porno en él) en vez de humillar, a lo que se le añade el concepto de venganza, en el que está implícito el castigo por una falta, recayendo aún más la responsabilidad sobre la víctima. Por otro lado, el problema es mucho más amplio que la definición más concreta de revenge porn pues la difusión de imágenes explicitas sin autorización es muy variada.

Antes del cambio de legislación en 2015, la única vía para poder reclamar legalmente estas distribuciones pasaba por la obtención de las imágenes de forma ilegal. Ahora se contempla no solo el envío de imágenes robadas (con penas de dos a cinco años desde la fuente original a terceros, y de uno a tres años de terceros a terceros) sino también las imágenes obtenidas por vías lícitas, como serían las resultantes del sexting o de los videos caseros, en caso de que sea uno de los participantes de dicho documento el que los comparta. En tal situación, las penas varían de 3 meses a un año de cárcel de la fuente a terceros, y de seis meses a dos años de terceras personas a otras. Esto implica que si una expareja, con la intención de dañar social, sexual y emocionalmente a su antiguo cónyuge, viola la confianza y la intimidad de éste compartiendo sin consentimiento las prendas sexuales de la relación (¿qué son si no estas imágenes?) y el delincuente no tiene antecedentes penales, el castigo queda, en lo práctico, dentro de la corrección civil, el camino que compensa económicamente, pero no repara.

A pesar de las objeciones que puedan tener los juristas respecto a una actualización constante de la ley, es bastante evidente por un lado la necesidad de la reforma que se realizó en 2015, pero también la falta de sensibilidad social que acarrea. En su momento se inició un debate sobre las implicaciones en el derecho a la libertad de expresión que podía conllevar esta ley; sin embargo, el artículo 18 de la Constitución Española reconoce como derechos fundamentales el honor, la intimidad y la imagen propia y este tipo de conflictos en democracia están ya contemplados en el derecho a la información, que diferencia el círculo de la intimidad del de la privacidad y valora el interés general informativo de los documentos publicados. Además de esto, hay que contar con que el hecho de que sea una expareja (sentimental o sexual) quien difunda estos contenidos es, en suma, un atenuante, pues de qué otra forma podría conseguirse el material de forma lícita. Pero es conocido que el gran volumen de estos delitos tienen este origen y además las víctimas son muy mayoritariamente, y de manera mucho más vulnerable, mujeres. La carga ideológica por lo tanto de la ley vigente y los huecos en cuanto a la protección de los sujetos más indefensos son bastante claros.

Curiosamente, los datos estadísticos indican que gran parte de la sociedad española está muy por delante de la ley que la defiende. El estudio de 2018 del Instituto Nacional de la Mujer “Percepción Social de la Violencia Sexual” informa de que más del 90% de los entrevistados consideran no solo como “inaceptables” sino también dignos de castigo legal comportamientos como “Compartir fotografías o vídeos de carácter sexual a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) sin el consentimiento de las personas que aparecen en el mismo” o “Chantajear a una mujer con difundir fotografías o vídeos de carácter sexual suyos”. Hace más de treinta años Liz Kelly definió la abuso sexual con los términos concretos de “abuso, intimidación, coerción, intrusión, amenaza y fuerza” sobre la libertad sexual e infligidos de forma mayoritaria sobre mujeres y niños, el otro grupo de riesgo de la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento.

También datos de 2018 del Instituto Nacional de la Mujer son lo que indican que en ese año se cometieron contra mujeres un total de 1.461 agresiones sexuales sin penetración y 1.107 violaciones, así como 63 delitos por pornografía de menores. Llama la atención el volumen de la categoría “Otros” de las estadísticas de abusos sexuales: 6.750 casos donde se incluyen el acoso sexual y el consabido revenge porn. Se entiende tras revisar los datos que, aunque la punta de lanza en las campañas políticas y mediáticas contra la violencia sexual se centren de forma mayoritaria en la violación, el gran grueso de las víctimas lo son de delitos que, sin antecedentes del agresor, no implican el ingreso en prisión.

Se trata entonces de un delito que, a pesar de tener su base en el derecho al honor, puede compartir muchas características con la violencia de género sin tipificarse legalmente como tal y que afecta de forma mayoritaria a un grupo poblacional por el mero hecho de serlo, aunque no se considere delito de odio, aun con las evidencias que hay sobre su carácter discriminatorio y de violencia contra la mujer. E incluso cuando todas estas dimensiones se reconociesen, la difusión no consentida de imágenes explícitas es demasiado amplia como para proteger todos los casos. Sería necesario mirar más allá de los ejemplos modelo y valorar la intención vejatoria con la que se comparten las imágenes ¿la redistribución de desnudos compartidos en redes por el autor y protagonista la imagen (selfie) con voluntad de humillación social y sexual estarían contemplados en este delito? ¿También con imágenes no explícitamente sexuales, como una foto en la playa en biquini? ¿Y los deep fake?

Como la casuística de este delito es tan amplia su acotación legal es muy complicada, por lo que vías civiles orientadas a la prevención pueden ser claves. Desde las instituciones públicas se han lanzado varias campañas informando de forma bastante detallada sobre cómo prevenir el robo de documentos explícitos así como para explicar la gravedad del silencio de aquellos que no comparten, pero tampoco denuncian; sin embargo, estas campañas, destinadas esencialmente a adolescentes, suelen tener una estética muy poco atractiva, en el mejor de los casos demasiado gubernamental, en el peor, muy pueril. El ciberfeminismo (no confundir con el feminismo en la red) facilita guías para evitar riesgos que van desde la protección del teléfono móvil hasta blindar con derechos de autor tus selfies de desnudos, en una carambola que expone las luces y las sombras de la legislación.

Comments (0)

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.